El deterioro del poder adquisitivo impulsa el crecimiento del endeudamiento entre adultos mayores.
La deuda impaga o atrasada entre jubilados tuvo un aumento del 300% en el último año, según un informe de Provincia Microcréditos basado en datos del Centro de Deudores del BCRA. En mayo, el 11,4% de los adultos mayores tenía deudas en situación irregular, lo que representa 457.596 personas. Hace un año, ese número era del 4,1%.
Casi la mitad de los jubilados (44,6%) mantiene algún tipo de crédito, préstamo o tarjeta con saldo pendiente. Esta cifra se mantuvo estable cerca del 40% hasta mediados de 2023, pero desde la segunda mitad del año pasado comenzó a crecer y ya superó los niveles previos.
El fenómeno se da en un contexto nacional de mayor morosidad: en mayo, la irregularidad a nivel general alcanzó el 12,8%, muy por encima del máximo durante la pandemia (5,1%). En la provincia de Buenos Aires la tasa de morosidad es aún más alta, del 18,6%.
El informe advierte que "la combinación de mayores deudas y la dificultad para cumplir los pagos genera una fragilidad financiera creciente entre los adultos mayores".
La pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones es una causa central del problema. Sumando bonos, la jubilación mínima perdió un 19% de su valor real respecto a noviembre de 2023, según el IPC.
Desde 2018 la caída acumulada es del 30%, con un deterioro más marcado en los últimos meses. Esto llevó a un aumento de la actividad laboral entre jubilados: en el Gran Buenos Aires, quienes siguen trabajando pasaron de uno de cada cinco a cerca de uno de cada cuatro hacia fines de 2025.
Otros estudios privados coinciden en la gravedad del panorama. Según un análisis del Banco Central realizado por la consultora EcoGo, 20,9 millones de argentinos tienen líneas de crédito vigentes, y 5,8 millones presentan atrasos mayores a 90 días.
Los incumplimientos son especialmente altos entre quienes se financian con entidades no bancarias (28%) frente a clientes de bancos tradicionales (12,8%), debido a las elevadas tasas de interés que superan la inflación, lo que obliga a priorizar pagos a bancos antes que a otros acreedores.
